El Foro económico mundial urge a preservar Internet como instrumento clave de libertad y prosperidad.

La iniciativa se manifiesta en una vistosa infografía presentada el pasado mes de enero de 2013 en diversas sesiones de trabajo del Foro de Davos, elaborada por el Consejo para la agenda global de dicha organización (GAC en sus siglas inglesas).

La frase de cabecera es realmente impactante: “Internet es el sistema adaptativo complejo más grande y de más rápida evolución en la historia de la humanidad”. Me viene aquí a la mente una idea de uno los mayores expertos españoles en esta materia, Andréu Veà, quien considera con acierto que se podrá mejorar determinados aspectos puramente cuantitativos de Internet (velocidades de conexión, sin ir más lejos), pero jamás se podrá perfeccionar Internet cualitativamente, como el instrumento de comunicación humana que es, capaz por primera vez en la historia de conectar a un número “n” de seres humanos con otro número “n”. Aquí radica la clave del argumento de partida del GAC.

Sobre esta base, el documento construye cuatro grandes premisas: acerca de la primera de ellas, acabamos de comentar en este espacio de La Ley en la Red y no puede ser más atinada: ”Las fronteras entre el ‘mundo real’ y el ‘mundo online’ se están difuminando”.

La segunda premisa: “La apertura y la transparencia impulsan el crecimiento económico.” El documento resulta aquí deliberadamente ambiguo: no se precisa adjetivo o atributo alguno que complemente las palabras “apertura” y “transparencia”. De este modo, se da pie a pensar que por apertura se entiende aquí la de la Red, en otros términos, la característica que ha hecho de Internet la gigantesca red mundial que hoy es, su sencillez, compatibilidad y eficiencia. Mientras que por transparencia cabe entender la de los poderes públicos en el desempeño de su labor, es decir, transparencia pública. Aunque también, por qué no, se podría estar incidiendo en la necesidad de transparencia de agentes privados, como las empresas, en cualesquiera procesos que desarrollen en el entorno digital (por ejemplo, el tratamiento de datos personales de sus usuarios).

El documento defiende en tercer lugar, de forma muy decidida, el modelo multilateral para el gobierno de Internet, cuestión igualmente tan tratada en estas páginas y acerca de cuya bondad estoy tan de acuerdo, que sobra aquí ulterior comentario.

La ultima premisa está imbricada en la más íntima naturaleza de Internet: “Tejer redes distribuidas es más eficaz que crear jerarquías centralizadas”. Si algo ha llegado a demostrar el fulgurante éxito de Internet es esta propia efectividad de las redes distribuidas: Internet es sin duda el mejor ejemplo mundial de red distribuida.

A partir de aquí, y conforme a un enriquecedor análisis “oportunidad-riesgo”, el GAC efectúa toda una serie de recomendaciones, acerca de las siguientes seis materias, que fácilmente cabe identificar como aquéllas que este cualificado grupo de expertos consideran determinantes, a día de hoy, para el futuro de Internet: ciberseguridad, gobierno multilateral de la Red, Internet de las cosas, acceso a Internet, involucración de la sociedad civil y fomento del emprendimiento digital.

Lógicamente, en estas líneas nos limitaremos a glosar las cuatro que presentan una repercusión jurídica más clara (una quinta, sobre apertura y multilateralismo en el gobierno de la Red, ha quedado ya reseñada, al figurar también como premisa).

La primera de ellas insta a desarrollar capacidades institucionales, incluyendo las siguientes: formación de todos los agentes que intervienen en el sistema de enjuiciamiento criminal, adaptación del derecho penal, tutela judicial y garantías procesales. Se trata de una dimensión absolutamente crucial de la actual Internet: sin una Red suficientemente segura, su desarrollo se verá crecientemente hipotecado. Y es sobradamente conocido que los sistemas penales y judiciales de todos los países se hallan aún muy lejos de la sensibilización precisa a estos efectos: el Informe de UNODC sobre ciberdelincuencia recientemente comentado en este espacio lo atestigua bien a las claras.

Otra recomendación de pleno alcance jurídico es la que invita a promover la confianza ciudadana en el uso de los datos personales, por cualesquiera agentes, ya públicos, ya privados (incluso otras personas físicas, podríamos añadir, teniendo en cuenta que casi cualquiera puede ya hoy tener acceso a datos de terceros hasta en esa simple condición).
En este sentido, el GAC propone generar modelos de tratamiento basados en el consentimiento del usuario y que respondan al contexto en el que se han de emplear.

Más que el consentimiento en sí, aspecto más que suficientemente cubierto por la normativa de datos en vigor, me parece interesante el énfasis en el contexto, en un doble sentido: primero, como necesario derecho ciudadano, tal y como el pasado 20 de marzo propugnaba en Madrid el doctor K.C. Cameron, uno de los principales responsables sobre privacidad de la Administración Obama, en el seno de un encuentro sobre el tema promovido por AmCham Spain y Microsoft. Y segundo, como factor de flexibilización de la regla del consentimiento, quizá un tanto rígida en determinadas ocasiones.

En síntesis, no es lo mismo autorizar el uso de datos a un hospital para someterse a una intervención quirúrgica, que hacerlo a una entidad benéfica a la que se pretende donar cierta cantidad, o a la Administración tributaria para el pago de un impuesto, siendo esos diferentes contextos los que prioritariamente deben guiar la aplicación de la normativa de protección, en mayor medida que la ciega regla sentada a priori.

El documento continúa denunciando, no puede ser de otro modo, el filtrado y vigilancia del acceso a la Red como obvias amenazas para la libertad y participación políticas, por lo que sugiere medidas que aseguren un acceso equitativo a la Internet abierta. Es natural: mientras que en el mundo occidental, y para nuestra fortuna, el debate en torno a la libertad de expresión online se centra en sus límites frente a otros derechos (la privacidad esencialmente), para la mayor parte de ciudadanos del planeta, Internet es la mayor y en ocasiones única esperanza de contar con una voz de mínima resonancia y con información libre de mediatización desde el poder.

El GAC concluye con un postulado singularmente apropiado, en el contexto de “Internet total” que comienza ya a envolvernos: el de que los derechos y libertades en vigor se adapten a este “entorno digitalmente ubicuo”. Iniciativas como la privacidad por diseño o el derecho a la portabilidad de los datos, así como el empuje a un gobierno más abierto y transparente de la mano del Open Data, armonizan fácilmente con ese empeño.