La MUD denunció la práctica de persecución política en Venezuela cometida por el gobierno de Nicolás Maduro. El antichavismo documentó los casos para emprender acciones legales. La mayoría de los afectados trabajaba en PDVSA

La coordinadora de la comisión de Justicia de DDHH de la MUD, Delsa Solorzano, hizo pública la denuncia. “Hemos tramitado cerca de 5 mil casos de ciudadanos que han sido víctimas; los funcionarios públicos que hoy nos acompañan, que son una parte de esos afectados, hoy han decidido dar la cara y decirle a Venezuela y al mundo que en este país se violan flagrantemente los derechos humanos”, dijo.

Informó que los empleados que estarían siendo hostigados pertenecen al Banco Agrario, Bicentenario, la Fiscalía, PDVSA, la Gobernación del estado Vargas y el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que dirige la polémica Iris Varela, entre otros.

“Estos valientes hombres y mujeres que hoy se encuentran con nosotros son apenas una parte de esos empleados que hoy han decidido salir a la calle, decir que en Venezuela se violan flagrantemente los derechos humanos”, alertó Solorzano.

Desde el mismo 14 de abril, el chavismo lanzó su cacería de brujas contra los traidores. Hay cerca de un millón de personas que en octubre pasado, cuando Hugo Chávez logró una nueva reelección, apoyaron al ahora fallecido líder venezolano. Sin embargo, el 14 de abril pasado, decidieron darle su voto al opositor Henrique Capriles. La migración fue leída como una traición para los sectores más radicales del PSUV e, incluso, Nicolás Maduro los fustigó en cadena nacional horas después de los comicios.

Ahora, dentro del chavismo, comenzó la revancha. El blanco son todos los empleados públicos que optaron por el antichavista en las urnas. De hecho, hay una cuenta de Twitter, @cerotraidores, que publica fotografías de empleados públicos en manifestaciones a favor de Capriles y llama a la "depuración" de los organismos del Estado.

La directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, también denunció que existen numerosos casos de despidos en la administración pública venezolana por “creencias políticas”. “Estamos en presencia de una situación bastante masiva, preocupante y sistemática de despidos de funcionarios que están en instituciones del Estado por el ejercicio del derecho al voto. El voto es secreto, los teléfonos no”, afirmó.