Los fiscales federales en Boston, acusaron el viernes a siete dominicanos, incluyendo dos mujeres, de liderar una banda de 25 criollos acusados el jueves de fraude millonario a los servicios sociales de Estados Unidos y falsificar documentos del Gobierno como tarjetas de seguridad social, residencias y otros, que usaron para reclamar beneficios en una serie de programas estatales y federales.
Los siete sindicados como los principales cabecillas de la banda, en la cual había 21 dominicanos ilegales, son Domingo García Suero, Alejandra Eulalia Báez Arias, Luis Alberto Fernández Fernández, Santos Jesús González Villar, Viterbo Enrique Minaya Melo, Ulises Francisco Mota Carmona y Ramona Maribel Pérez Peguero.
La fiscalía federal dijo que García Suero, tenía una orden de deportación a la República Dominicana desde hacía 20 años, pero nunca se presentó y se quedó viviendo en un apartamento en el sótano del edificio 23 de la avenida Hamilton en Haverhill, donde supuestamente traficaba con fentanilo y usaba tres sobrenombres.
Suero, que también se hacía pasar por José García, Marcelino Pérez Canales y Marcelo Pérez, encabeza la lista de los siete sindicados como los artífices del fraude y falsificación de los documentos, usando nombres y números de seguro social de ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico.
Los 25 dominicanos estaban esparcidos en diferentes ciudades de Massachusetts, la mayoría residiendo en Lawrence y muchos tienen antecedentes penales, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
Un grupo de trabajo investigó a los extranjeros, predominantemente de la República Dominicana, que obtuvieron identidades robadas de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico y que las utilizaron para obtener documentos y beneficios públicos que de otro modo no serían elegibles para recibirlos, de acuerdo con los fiscales federales.
Los beneficios que obtuvieron los acusados incluyen licencias de conducir, números de Seguro Social, Medicaid, subsidios de desempleo y vivienda pública.
Suero, que vivía anteriormente en Haverhill, fue acusado formalmente en mayo de 2018 de cinco cargos de distribución y posesión con la intención de distribuir fentanilo, un cargo de delincuente en posesión de un arma de fuego, dos cargos de representación falsa de un número de seguridad y un cargo de robo de identidad agravado.
García Suero estaba bajo custodia federal antes de que se presentaran los cargos el jueves.
Báez Arias, de 40 años, que vive en Lawrence, fue acusada de un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de representación falsa de un número de seguridad social.
Fernández Fernández, de 27 años, residente en Salem, Massachusetts, con residencia legal permanente, fue acusado de un cargo de representación falsa de un número de Seguridad Social.
González Villar, de 48 años, que vive en Lawrence, fue acusado de un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de representación falsa de un número de Seguridad Social.
Minaya Melo, residente en Lawrence, fue acusado de un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de representación falsa de un número de Seguridad Social. Minaya Melo estaba preso en una cárcel federal, antes que de las nuevas acusaciones.
Mota Carmona, de 35 años, que vive en Lawrence, fue acusado de un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de representación falsa de un número de Seguridad Social.
Pérez Peguero, de 38 años, con residencia en Lawrence, fue acusada de un cargo de representación falsa de un número de Seguridad Social.
Tres personas acusadas que vivían en Roxbury, Lynn y Revere no pudieron ser identificadas porque sus verdaderas identidades siguen siendo desconocidas, según los fiscales.
José López Rosado, otro de los dominicanos acusados de 53 años de edad, que vivía en el condado de Worcester, fue acusado de un cargo de robo de identidad y un cargo de representación falsa de un número de seguridad social.
Según el expediente, Rosado escapó de una cárcel en Puerto Rico en 1994 donde fue condenado a 40 años por asesinato en segundo grado.
Rosado se encuentra actualmente en una prisión estatal de Massachusetts por un caso que no fue detallado. "Hasta ahora no se conocía su verdadera identidad", dice el comunicado.
Todos los arrestados y acusados cayeron en la "Operación Double Trouble” (Doble Problema), en la que participaron docenas de agentes de diferentes agencias de la ley federales, estatales y municipales en Massachusetts, incluyendo al Departamento de Justicia y la Oficina de Asuntos Diplomáticos Internacionales del Departamento de Estado.
